Semanario Crítico Canario
La Ley Canaria de Educación no Universitaria y el autogobierno

Este artículo lo publica

Josemi Martín nació en Gran Canaria, Islas Canarias. Afincado en España, también ha vivido en diversos lugares del Reino Unido, además de estancias en Portugal, Estados Unidos e Irlanda. Licenciado en Filología Inglesa por la ULL y Graduado en Antropología Social y Cultural por la UNED, es un apasionado de los Estudios Canarios. Busca contribuir a la creación del pensamiento crítico canario, autocentrado e independiente. Preside la Fundación Canaria Tamaimos. Su alter ego, Edmundo Ventura, escribe en Tamaimos.

Opinión

La Ley Canaria de Educación no Universitaria y el autogobierno

El Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy parece empeñado en batir todas las marcas en cuanto a ataques al ya de por sí endeble autogobierno de Canarias. Al constante desprecio y ninguneo en el asunto de las prospecciones petrolíferas y la consulta, el ya tradicional pitorreo en materia presupuestaria y el chanchullo de la privatización de AENA, ahora hay que añadir la posibilidad de que el Gobierno lleve al Tribunal Constitucional la Ley Canaria de Educación no Universitaria.

En los tres primeros asuntos, queda claro el trato económico colonial con el que se da por hecho que las Islas Canarias son un sitio del que extraer lo que haya o pudiera haber (petróleo, gas, tasas aeroportuarias,…) y si nos quejamos, basta con acusarnos de victimistas o cosas peores. Por lo visto, tendríamos que estarles eternamente agradecidos por habernos traído la civilización, el vino manchego y la Feria de Abril a estos alejados peñascos. Además del enorme privilegio de contribuir al sostenimiento de los aeropuertos de Castellón, Ciudad Real, Valladolid,…

Sin embargo, en la cuestión educativa, se aprecia una voluntad dominadora porque sí, que resulta especialmente repulsiva. Son mayoría los artículos que al Ministerio de Educación le parecen inaceptables y una minoría los que irritan enormemente al Ministerio de Hacienda, suponiendo que tales acciones fueran posibles en entes inanimados como los ministerios. Los segundos tienen que ver con el vicio recorteril tan insano que tiene la derecha en todo aquello que tiene que ver con el común y no con sus privilegios, que ésos no se discuten tanto. Entre los primeros, cuestiones referidas a la propia organización de las enseñanzas en los diferentes ciclos y etapas del sistema educativos, la distribución de contenidos, medidas de promoción, etc. También, medidas relacionadas con las famosas evaluaciones de diagnóstico, que tanto preocupan a la clase política. Sería largo de detallar pero si leen con atención la Ley, verán que son medidas caracterizadas todas por el sentido común, lo cual no quiere decir que no puedan ser discutibles.

En todos estos artículos, lo que se aprecia, como no podía ser de otra forma, es la voluntad del Gobierno de dotar a Canarias de un instrumento legislativo con el que poder autogobernarnos en materia educativa: o sea, que en las islas se decidan y desarrollen aquellos aspectos que, sin contravenir la Ley estatal, sirvan para adaptar el complejo sistema educativo a nuestra propia realidad. ¿Quién puede oponerse a eso? Obviamente, el Gobierno español del Partido Popular. No se trata de que se esté en contra de tal o cual medida, sino algo previo: se está en contra de que los canarios legislemos, articulemos medidas. Fíjense que tampoco estamos hablando de una presencia astronómicamente escandalosa de Contenidos Canarios en el currículum, pues nadie -especialmente los profesores- piensa ya en esas cuestiones tan “pueriles” y de tan nimia importancia para el desarrollo de un pueblo como el nuestro, que ya se lo sabe todo. Se habla, y no es poco, de adoptar una postura erguida, más o menos digna, ante los asuntos propios o permitir que los asuntos propios sean decididos por un señor de Tordesilla de los Infantes. De eso es de lo que se habla.

Tengo para mí que este nuevo frente que se abre dará que hablar y que escribir. Si ya era triste que hayan tenido que pasar más de treinta años de autogobierno descafeinado y no sé cuántos gobiernos de una fuerza autodenominada nacionalista para tener una mínima Ley educativa propia, ahora viene el Gobierno de España y dice que no le gusta. Ya puestos, volvamos a la foto en blanco y negro del escolar de cabeza rapada, plumier en mano, mapa de España con colonias en recuadros y crucifijo en el pupitre. ¡Santiago y cierra España! Y ¡vivan las caenas! Aquello sí que era consenso y colaboración institucional.

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Josemi Martín nació en Gran Canaria, Islas Canarias. Afincado en España, también ha vivido en diversos lugares del Reino Unido, además de estancias en Portugal, Estados Unidos e Irlanda. Licenciado en Filología Inglesa por la ULL y Graduado en Antropología Social y Cultural por la UNED, es un apasionado de los Estudios Canarios. Busca contribuir a la creación del pensamiento crítico canario, autocentrado e independiente. Preside la Fundación Canaria Tamaimos. Su alter ego, Edmundo Ventura, escribe en Tamaimos.

Reacciones
  • Lo del PP no tiene nombre, sin duda, un continuo atropello. Pero no es menos cierto que el Gobierno de Canarias (PSOE-CC) no está a la altura tampoco. Esto es para poner el grito en el cielo, no sé si equiparable a las prospecciones pero sí debería de tener su repercusión en la sociedad canaria. La Ley Canaria de Educación se aprobó hace meses, pero ¿cuántos canarios lo supieron y lo saben?

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