Semanario Crítico Canario
Desahucios hipotecarios en Canarias: otra legislatura perdida

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Hace más de veinte años que soy abogada de profesión. Fui una de las fundadoras de la plataforma Stop Desahucios Gran Canaria, y he participado en varios proyectos políticos por afición. Actualmente escribo para protestar sobre lo que me parece injusto.

Opinión

Desahucios hipotecarios en Canarias: otra legislatura perdida

Desde el principio de esta legislatura que ahora termina, advertíamos desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que la Vivienda debía conformar uno de los temas esenciales de la agenda política de nuestros gobernantes, en los dos niveles competenciales: estatal y canario. Cuatro años después, resulta decepcionante corroborar que ni el gobierno central ni el autonómico han estado a la altura de lo que la alarmante situación habitacional requería.

Por un lado, las cicateras medidas llevadas a cabo por el Partido Popular en el Gobierno central, dictadas desde la Banca, en un claro ejercicio de “ordeno y mando” sobre las políticas a aplicar en esta materia, ha llevado a Rajoy a no aprobar la aplicación obligatoria de la dación en pago ni la tan necesaria moratoria de desahucios, ni la promoción de alquiles sociales, medidas que hubieran podido poner fin, en parte, al drama de las familias ejecutadas y en vías de lanzamiento de sus hogares.

El mejor ejemplo de lo que digo fue el indignante desprecio por el ejecutivo popular de la Iniciativa Legislativa (ILP) que con un millón y medio de firmas presentaron las Plataformas de Afectados por la Hipoteca a finales de 2012, de las que seis mil procedían de ciudadanos y ciudadanas de Canarias.

A raíz de aquello, el gobierno del PP accedió tímidamente a la reforma de leyes relacionadas con ejecuciones hipotecarias, obligado además por las sentencias que se dictaban en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nunca por voluntad política de terminar con los desahucios. Y esas reformas, además, no fueron bien realizadas, por lo que dichas leyes han tenido que ser modificadas después de publicadas, de forma tal que abochornarían a cualquier gobierno de la Unión Europea.

En Canarias, la decepción ha sido mayor si cabe pues se esperaba mucho más del actual gobierno autonómico de CC-PSOE. La Ley 2/2014 de medidas para garantizar el derecho a la vivienda introdujo mecanismos excepcionales para hacer frente a la situación de emergencia provocada por la crisis financiera, y que ha supuesto que en 2014 se presentaran 5.047 ejecuciones hipotecarias (datos provisionales INE 2014) solo en Canarias. Estas demandas judiciales –no nos engañemos- terminarán en un desahucio inevitable de las familias, si no se hace algo desde el poder ejecutivo. Ya entonces advertimos de que era fácil que dicha ley se quedara en papel mojado –ley de puro maquillaje la tildamos- ya que prácticamente copiaba la andaluza, que también fue paralizada. Así ha sido y también la Ley canaria ha quedado recientemente suspendida de forma cautelar, por el recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el PP.

Es necesario reconocer que el Gobierno Canario no lo hizo bien. Se limitó a copiar una serie de medidas encaminadas a un fin absolutamente legítimo: poner al servicio de sus ciudadanos el stock de viviendas vacías que hay en Canarias, y que -según señala la propia Exposición de Motivos- ascienden a más de 130.000, pero lo hizo introduciendo una polémica medida consistente en la expropiación de su uso a los Bancos, motivo básico por el que se la podría declarar de inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Se ha perdido una legislatura clave para defender el derecho a la Vivienda con medidas menos pintorescas y más eficaces, medidas que existen ya en otros países de nuestro entorno, como la mediación entre bancos y afectados; planes de reflotamiento familiar; medidas que ofrezcan ventajas al alquiler social, etc., a lo que habría que añadir la necesaria realización de un diagnóstico de cuál es la realidad habitacional en nuestra comunidad autónoma. En definitiva, no se ha afrontado debidamente uno de los principales problemas de las familias canarias, que además constituye también uno de los dramas más acuciantes: la pérdida del hogar familiar por imposibilidad de pagar la hipoteca. Se ha dicho una y mil veces que los deudores honorables merecen acreedores razonables. En una comunidad autónoma con 58.000 hogares sin ningún tipo de ingreso (datos de Reddescan 2014), yo añado que también merecen gobernantes responsables. Y que además tengan una contumaz voluntad política de resolver este problema.

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