Semanario Crítico Canario
Legalidad y legitimidad

Este artículo lo publica

Intérprete de conferencias en las instituciones europeas. Licenciado en traducción e interpretación por la ULPGC; estudios de posgrado en filología finougria y Máster europeo en interpretación por la Universidad de Turku, Finlandia. Iván Vega Mendoza (Iván Suomi) nació en Gran Canaria y se crió entre el barrio capitalino de La Isleta y el pueblo de Las Lagunetas, en el municipio de San Mateo. Ha estudiado y residido en varios países europeos, con estancias más o menos largas en Finlandia, Alemania y Bélgica. Interesado en todo lo que conforma la visión e interpretación canaria del mundo y apasionado de las actividades en naturaleza. De esos que no destacan en la parranda, pero que siempre están.

Opinión

Legalidad y legitimidad

Pasó sin pena ni gloria la noticia de que el Tribunal Constitucional anulaba el reglamento de consultas ciudadanas, aquel que iba a servir para que el Gobierno preguntara a la ciudadanía su posición sobre las prospecciones. Seguramente la renuncia y la marcha de Repsol han terminado por relajar buena parte de la resistencia al abuso petrolero, y el personal está a otras cosas. Aunque los permisos sigan en vigor. Aunque no afloje el tráfico de buques cargados de combustible por nuestras aguas, sobre las que no tenemos ningún control.

Sin embargo, y a pesar de haber pasado de puntillas, la decisión del alto tribunal tiene implicaciones que superan con mucho el caso específico de las prospecciones. Aunque el Gobierno en funciones dice ver resquicios para volver a la carga, la sentencia expone que la consulta es anticonstitucional porque invade competencias exclusivas del Estado. He ahí la madre de la baifa.

En asuntos de lo que llaman competencia autonómica, es decir, en todo aquello que no moleste a España, el Gobierno puede preguntar a sus ciudadanos; pero en lo que afecte a competencias exclusivas del Estado, o sea, en todo lo que tenga trascendencia y genere sustancia, ahí es el Gobierno de España quien ostenta la exclusiva del preguntar, o más bien del no preguntar e impedir que pregunte nadie.

Habrá quien se crea que así se salvaguarda el bien común, el interés general encarnado en el Estado, que somos todos, frente al bien particular de unos pocos, encarnados en la Comunidad Autónoma, o sea la aldea. Como cuento maniqueo e interesado quizá podría tener la sombra de una justificación para el territorio ibérico, si no fuera por el centralismo castellanomadrileñista marca España. Para un país como Canarias, con unos parámetros fundamentalmente distintos, prácticamente opuestos a los españoles, la imposición de posturas conformadas a miles de kilómetros equivale a sustraernos nuestros derechos, a cállate tú porque lo mando yo.

Esa imposición es lo que caracteriza las relaciones Canarias-España. El ejemplo de las prospecciones fue especialmente claro: España pretende decidir sobre una cuestión que no le afecta si sale mal (a miles de kilómetros no corren ningún riesgo), pero que le beneficia si sale bien. A Canarias, que lo pierde todo si sale mal y no gana prácticamente nada si sale bien, España le impide no ya decidir, sino incluso consultar sobre lo que ocurre en su territorio. Estado de derecho, lo llaman. Y así con los recursos pesqueros, las energías renovables, las relaciones exteriores, etc etc.

Que Canarias sea vista y tratada como una posesión española no es algo que dependa del color político del gobierno español de turno. Es algo imbricado en las propias estructuras del Estado, y así lo refrenda el Constitucional, el poder judicial, que se escuda en la legalidad para apuntalar la ilegitimidad del Gobierno de España, el mismo que nunca ha cumplido el REF, el mismo que nos pone a los pies de los caballos vendiendo Aena, el mismo que usa las Islas como plataforma de asalto militar a pesar del rechazo mayoritario, el mismo que nos margina en el reparto de los recursos pesqueros canario-saharianos.

La retórica españolera da a entender que si Canarias es España y los canarios son españoles, entonces lo que es bueno para Canarias será bueno para España. Y al revés, lo que es malo para Canarias, lo será también para España. El Estado sin embargo ya se encarga él solo de desmentirlo con su modo de proceder. Ellos tienen claro lo que somos. ¿Y nosotros?

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Intérprete de conferencias en las instituciones europeas. Licenciado en traducción e interpretación por la ULPGC; estudios de posgrado en filología finougria y Máster europeo en interpretación por la Universidad de Turku, Finlandia. Iván Vega Mendoza (Iván Suomi) nació en Gran Canaria y se crió entre el barrio capitalino de La Isleta y el pueblo de Las Lagunetas, en el municipio de San Mateo. Ha estudiado y residido en varios países europeos, con estancias más o menos largas en Finlandia, Alemania y Bélgica. Interesado en todo lo que conforma la visión e interpretación canaria del mundo y apasionado de las actividades en naturaleza. De esos que no destacan en la parranda, pero que siempre están.

Reacciones
  • Nunca olvidaré una frase de un español con respecto a Canarias. Corrían los años sesenta y un estudiante en cuarto curso de Económicas en Madrid, ante la discusión de que España debería o no entrar en el MCE (UE), un canario dijo que, de ser así, Canarias debería salvaguardar sus Puertos Francos, pues de lo contrario se perjudicaría su economía; a lo que el estudiante riojano refutó: “¡Hombre, alguien tiene que sacrificarse!” Evidentemente, nunca pensó que Canarias pudiera hacer valer su derecho a defenderse. Un saludo. Ahul.

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