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El derecho y el deber de manifestarse contra un proyecto de ley injusto

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Creando Canarias se configura como una corriente de opinión, como un espacio de acción y reflexión social, política, económica y cultural. Desde este espacio queremos impulsar y abrir debates junto a la gente. Favorecer un marco de reflexión y pensamiento libre que promueva una participación crítica y transformadora desde nuestra realidad canaria. Nos proponemos avanzar en la idea de que el conocimiento y la participación son las mejores herramientas para la liberación de los pueblos y la transformación social. ‘Creando’ porque es un gerundio y, como tal, refleja la acción no en su inicio ni en su término sino en su desarrollo, y ‘Canarias’ porque es nuestro contexto, nuestro lugar.

Opinión

El derecho y el deber de manifestarse contra un proyecto de ley injusto

Si bien es cierto que se nos dice que las Administraciones favorecen la participación ciudadana en varios ámbitos de la actuación administrativa y normativa, no es menos cierto que esta posibilidad queda muchas veces, por no decir casi todas, reducida a mero trámite obligatorio y de cara a la opinión pública. Ello nos obliga a todas las personas afectadas, a ir un poco más allá de ese trámite de alegaciones en fase de información pública, y exigir que se respeten los derechos de la población, cuando se ven amenazados por algún proyecto de ley

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Este es el caso del Proyecto de Ley del Suelo de Canarias, aprobado en sesión del día 8 de agosto de 2016, y del que se nos dice que  “es una reforma completa sobre la propiedad urbana, la ordenación por planes, los modos de ejecución, las técnicas de intervención pública sobre los usos del suelo y la disciplina territorial y urbanística”.

El Gobierno de Canarias ha realizado una campaña mediática de promoción de dicho proyecto de ley, en el que se vende la idea de que “simplificará trámites y ayudará a proteger el suelo no urbanizado”, intentando convencer a la población poco formada en materia de leyes, de las bondades de esta propuesta surgida del gobierno que dirige Fernando Clavijo.

Sin embargo, a poco que leamos con detenimiento algunos artículos del proyecto de Ley, comprenderemos que se trata simplemente de liberalizar el uso del suelo para actividades no previstas por el planeamiento, fomentando las modificaciones puntuales del mismo y reduciendo el control de la Comunidad Autónoma; probablemente por ello este proyecto ha contado con el apoyo incondicional de la CEOE en Tenerife, la Cámara de Comercio o la Federación de Entidades de la Construcción.

Artículos como el 70, que permite en suelo rústico común cualquier tipo de uso y actividad, con sus correspondientes construcciones e instalaciones; el artículo 124, que permite una tramitación diferenciada y preferente para los “proyectos de interés insular o autonómico”, que se podrán aprobar de forma autónoma a los planeamientos y ejecutarse en cualquier clase de suelo, salvo los de protección ambiental; el artículo  149, que permite a cualquier particular elaborar y proponer planes parciales, planes especiales y estudios de detalle en los términos fijados por el plan general, y que considera aprobados los instrumentos de desarrollo de iniciativa privada si la Administración no toma acuerdo en el plazo de tres meses desde la finalización de la información pública; o el artículo 168, que permite al gobierno suspender la vigencia de cualquier instrumento de ordenación para su adaptación de contenido o ámbito territorial, a iniciativa de la Administración o de particulares, nos dejan bastante claro a quién se intenta favorecer con esta iniciativa.

El proyecto de ley permitirá con estas medidas que en suelo rústico cada vez haya más usos ajenos a su naturaleza, y menos uso propiamente agrario, se otorga capacidad de actuación al capital privado en defecto de la Administración, que pierde capacidad de control, lo que supondrá la degradación de muchos espacios naturales y la oportunidad de enriquecimiento de determinados empresarios que ven en la normativa en vigor, un freno a sus intereses particulares. De hecho, la entrada en vigor de esta Ley supondrá la derogación parcial o total de normas anteriores que habían frenado un tanto la capacidad especulativa de algunos empresarios, como fue la Ley 19/2003, que aprobó las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, o la 14/2014, de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y los recursos naturales.

El propio presidente del Gobierno de Canarias ha definido como objetivo de la Ley, “dar seguridad jurídica a los inversores para que no se tarde ocho años en tramitar un proyecto”.

Está claro que el Gobierno de Canarias se aprovecha del desconocimiento mayoritario de la población canaria en materia legislativa, pues sabe de antemano que casi nadie se leerá el amplio texto articulado del proyecto y se creerá (por la buena fe de mucha gente) una campaña mediática perversa que oculta realidades nefastas insertas en el proyecto. Ese mismo Gobierno sabe que la relación de fuerzas políticas existente en el Parlamento de Canarias favorece los intereses económicos de los empresarios, gracias a la mayor presencia de los partidos políticos “tradicionales”, una forma segura de frenar las alegaciones presentadas por particulares, asociaciones vecinales, ONGs, o partidos políticos que no comulgan con los intereses de los grandes empresarios.

Si a todo ello sumamos el hecho indiscutible de que los medios legales para frenar un proyecto de ley como éste, son limitados, costosos y lentos, debemos considerar casi como una obligación nuestra presencia en la calle, en cualquier acto organizado para protestar contra este proyecto aberrante de ley, y exigir que se mantenga una normativa que defienda por igual los intereses de toda la ciudadanía, sin anteponer los de una clase empresarial determinada al resto de la población y se garantice un modelo sostenible de desarrollo económico, que conserve nuestra riqueza natural y paisajística.

Rafa González/ Creando Canarias

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