
Si no estamos familiarizados con el término, podríamos entender (y haríamos bien) que la militarización consiste en el control militar de un territorio sobre el que, normalmente, alguna empresa transnacional tiene ciertos intereses (petróleo, minerales, infraestructuras de comunicación, etc.). Pero es mucho más que eso. No necesariamente tiene que haber un tanque o un ejército para que algo esté militarizado. Basta con que las jugueterías estén llenas de armas, o que, en el cine, la vía más fácil de solucionar conflictos sea matando.
El militarismo no sólo se ha infiltrado en nuestras vidas con el uniforme caqui de camuflaje, sino a través de la promoción sutil de los valores y las lógicas propias del cuartelillo: la cadena de mando, la sumisión, la obediencia ciega, el autoritarismo, la idea del “enemigo”, el control social, la exaltación patriótica, la xenofobia… Hasta el punto de que hemos interiorizado, sin darnos cuenta, muchas de estas actitudes en estructuras de la sociedad tales como la familia, la escuela o el mundo laboral. Porque el militarismo no sólo busca intervenir fuera de nuestras fronteras, sino reprimir la disidencia dentro de ellas.
Según la activista Carmen Díez, vivimos en una “cultura de guerra”. Y su fin es la justificación de las intervenciones en el extranjero, de la sobredotación del ejército, de la jerarquización social o del gasto militar. En este artículo, indagaremos en ello con un caso cercano: la militarización en Canarias.
Estamos en guerra en las fronteras
En su Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, vigente aún a comienzos del año 2021, el Gobierno de España define como “amenazas y desafíos” para la seguridad, entre otros, el crimen organizado, el terrorismo y los flujos migratorios irregulares. De este último “peligro”, se encarga el Frontex, la Agencia europea de detección, vigilancia, gestión y control de fronteras. Aunque su sede general está en Polonia, en Canarias existe una de las más importantes.
El Frontex, además de deportar personas y bloquear los accesos a la UE por mar y tierra, se encarga de lo que llaman la “externalización de fronteras”. Para ello, establecen controles y otras operaciones de disuasión lo más cerca posible de los puntos de partida de los migrantes. La lógica es frustrar los intentos de emigración cuanto antes, para invisibilizarlos a los ojos europeos. Con estos fines, España proporciona apoyo logístico y adiestramiento de los ejércitos locales en el Golfo de Guinea o países como Afganistán, Mauritania, Senegal o Túnez.
«Áreas restringidas» para uso militar: la militarización en Canarias
De las veinte intervenciones militares que tiene España en el exterior, “que siempre nos las pintan tan asépticas y humanitarias” -según Koldobi Velasco, profesora de la ULPGC y miembro de la plataforma Alternativa Antimilitarista de Canarias (MOC)- diez tienen lugar en el continente africano. Canarias aquí cumple un papel esencial. Según Pedro Luis de la Puente, almirante comandante del Mando Naval de Canaria, las islas funcionan como una frontera ‘avanzada’ en África por albergar “algunas de las unidades más modernas con las que cuenta la Armada”.
Las instalaciones militares o de doble uso ocupan un 1% del territorio canario, sin contar con otros 50 km cuadrados “de interés de defensa”, es decir, de disponibilidad inmediata para que destacamentos de los ejércitos de la OTAN puedan repostar, descansar o reparar armamento. Jordi Calvo, investigador y coordinador del libro Mentes militarizadas, sintetiza muy bien la doble función de todas estas maniobras en nuestro territorio: «una, su propio entrenamiento, el día a día de los militares es entrenarse para ir a la guerra; y por otro lado, las maniobras también sirven para normalizar su presencia. Salir a los lugares civiles sirve para generar empatía e intercambio y ayuda a que se acepte su existencia».
Pero, ¿cuáles son estas “áreas restringidas”?
La militarización de nuestro día a día en Canarias
En Canarias, hay un militar por cada 145 habitantes (si incluimos tanto soldados como guardias civiles). Koldobi Velasco nos pone como ejemplo al otro lado de la balanza el hecho de que, en el 2017, hubiera una trabajadora social contratada (“profesión que sí que sirve a la vida”) por cada 24000 habitantes. Otro ejemplo bastante ilustrativo es que en Canarias contamos con 11 matronas por cada 100.000 habitantes, siendo uno de los territorio con el ratio más bajo de todo el Estado español. En este sentido, la activista y profesora de la ULPG añade: “la militarización está tan incorporada en la estructura en la que vivimos que necesita de maquillaje para no escandalizar”. Una forma de hacerlo es “oenegeizándose”, es decir, actuando en ámbitos en los que un ejército, bien mirado, pinta más bien poco:
¿Cómo desmilitarizamos Canarias?
“Lo primero que hay que tener en cuenta es que las propuestas de desmilitarización están agarradas por el bolsillo”, explica Koldobi Velasco, ya que “la función principal de los ejércitos es proteger determinados intereses”. Precisamente por ello, “acceder a la información es muy difícil: es un tema tabú en los medios de comunicación”.
Entonces, ¿qué nos queda? “Potenciar una cultura de paz”, responde Koldobi. Para ello, hay un concepto clave: la defensa popular noviolenta. Según María de Lluc Bagur, coautora del libro ‘Mentes militarizadas’, la cultura de la defensa militar es “una estrategia política que tiene por objetivo crear ‘conciencia de defensa’, es decir, conseguir que la sociedad se haga cargo de las amenazas que acechan a su seguridad y comprenda la necesidad de disponer de un ejército para garantizar su protección». “Nos regalan miedo para vendernos seguridad”, añade Koldobi.
La defensa popular no violenta, en cambio, se basa en alternativas surgidas en procesos comunitarios: confluir en Centros Sociales Autogestionados; construir espacios de soberanía (alimentaria, energética, democrática…) y de cooperativismo (de producción y consumo de energías renovables, bancas éticas…) y luchar pacíficamente por la Justicia social y contra las desigualdades y opresiones (fomentando, por ejemplo, el comercio justo).
Entonces, ¿qué nos queda? “Potenciar una cultura de paz”, responde Koldobi. Para ello, hay un concepto clave: la defensa popular noviolenta.
“El objetivo último es que Canarias sea un lugar de paz y solidaridad, libre de ejércitos y militarización”, concluye Koldobi. Ya existen zonas así en el mundo, llamadas ‘neutrales’, como las Islas Åland (Finlandia), el archipiélago de Svalbard (Noruega) o la Antártida. Pero no hace falta irse tan lejos para encontrar referentes: La Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza en La Orotava (Tenerife) e Iniciativa por La Orotava consiguieron aprobar en un pleno en 2010, pese a los votos en contra del Partido Popular y el Partido Socialista Canario, la declaración oficial del municipio como ‘pacifista y antimilitarista’, convirtiéndose en el primero del Estado con esta consideración. En su manifiesto publicado el 26 de noviembre de 2010, la Asamblea celebraba que “desde hoy quedan abolidos de nuestras calles todo acto llevado a cabo por el ejército español, tanto de exaltación como de captación, quedando así también libres de la represión que ello representa”.
* Artículo publicado originalmente por Pablo Vilas en Alegando. Compartido bajo Licencia Creative Commons.